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Ángel Luis Ortiz: "Transición y democracia cambiaron de forma radical el sistema penitenciario al dignificar la privación de libertad y abrir la puerta a la reinserción"

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

Madrid, 23/07/2021

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Curso `Retos y desafíos de la política de seguridad en España: construyendo el modelo de la seguridad 2030´en la programación  de verano de la Universidad Complutense de Madrid 

Pasado, presente y futuro del sistema penitenciario han sido los ejes de la conferencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP) en la última jornada del curso  ‘Retos y desafíos de la política de seguridad en España: Construyendo el modelo de la seguridad 2030", organizado por el Ministerio del Interior en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid

"La Ley General Penitenciaria, la primera ley orgánica de la democracia, y la modernización de las infraestructuras, que comenzó en la Transición, han convertido al sistema penitenciario español en referente a nivel mundial", según Ortiz

En la última década, la población reclusa ha disminuido en un 25% y se han disparado las condenas alternativas a la prisión, que también gestiona IIPP. España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa; la ocupación de las prisiones españolas es inferior al 68% frente a la media europea del 87%

El reto futuro, según Ortiz, pasa por potenciar el tratamiento y el trabajo productivo de las personas privadas de libertad. Desde junio de 2018, la actual Administración ha puesto en marcha tres nuevos programas para tratar  la delincuencia de odio, económica y los delitos de violencia de género, y se ha potenciado la Justicia restaurativa, complemento de la Justicia penal.
 

El secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), Ángel Luis Ortiz, ha participado esta mañana en la última jornada del curso ‘Retos y desafíos de la política de seguridad en España: Construyendo el modelo de la seguridad 2030", organizado por el Ministerio del Interior en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

Su ponencia, con el título ‘Modernización del sistema penitenciario español', ha hecho un recorrido por el pasado, presente y el futuro de un sistema que "gracias a las modernas infraestructuras, que comenzaron a levantarse durante la Transición, y a la Ley General Penitenciaria, la primera ley orgánica de la democracia, es referente a nivel mundial", ha subrayado Ortiz. 

El secretario general de IIPP, que ha explicado que el carácter precursor de aquella norma aprobada por unanimidad se debió posiblemente a que algunos de sus redactores conocieron las cárceles del franquismo, ha destacado que la ley "cambió de forma radical el sistema al dignificar la privación de libertad y establecer la reinserción como objetivo esencial; evitó el distanciamiento social de los penados, al fijar un régimen de salidas y comunicaciones; y colocó en la cúspide del sistema la figura del juez de Vigilancia Penitenciaria, garante de los derechos de las personas privadas de libertad".

RADIOGRAFÍA PRESENTE

En la radiografía del panorama actual del sistema penitenciario español, el secretario general de IIPP ha destacado los siguientes datos:

  • Desde el año 2010 la población penitenciaria ha caído en un 25% Hemos pasado de casi 80.000 personas privadas de libertad hace una década, a poco más de 55.000 en el presente año. Los cambios sociales también han repercutido en el cambio de perfil de la persona privada de libertad. De los miles de jóvenes a los que la heroína llevó a prisión por delitos contra el patrimonio, a los nuevos grupos de condenados por violencia de género -la tercera causa de entrada en prisión- o por delitos contra la seguridad social o delitos económicos.
  • Las prisiones del Estado tienen una ocupación inferior al 69% frente al 87% de la media europea. Aun así, y pese a la baja tasa de criminalidad de nuestro país (44,8 delitos por cada 1.000 habitantes) frente a la media europea (62,8 delitos por cada 1.000), España presenta una de las tasas de encarcelamiento más altas del continente (123,3 por cada 100.000 habitantes) y penas con una duración media de 20,2 meses, frente a los 10,1 meses de media europea.

Ángel Luis Ortiz ha destacado en este punto que la disminución de ingresos en prisión se debe, en buena medida, a la generalización de las llamadas penas comunitarias o penas alternativas a la prisión, como son los trabajos en beneficio de la comunidad o la realización de programas de tratamiento. El pasado año, IIPP gestionó más de 100.000 condenas de este tipo.

IMPULSO AL TRATAMIENTO

Para completar esa fotografía del sistema penitenciario, el secretario general de Instituciones Penitenciarias ha puesto en valor el tratamiento, las actividades formativas y ocupacionales que se ofrecen a las personas privadas de libertad. Desde 2018, la actual Administración penitenciaria ha puesto en marcha tres nuevos programas: el Programa Diversidad, para combatir los delitos de odio, el PIDECO, para la reinserción de los delincuentes económicos, y el taller Regenerar, surgido en respuesta al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para prevenir la reincidencia en este tipo de delitos de aquellos condenados a penas inferiores a 90 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad.

En ese impulso a la intervención tratamental con condenados y condenadas, Ortiz también ha situado la Justicia restaurativa o reparadora, complemento de la Justicia penal, "concebida para ofrecer a las víctimas la posibilidad de que sean escuchadas y de que obtengan una reparación real o simbólica del daño que recibieron". Cuando acabe el presente año, los talleres ‘Diálogos Restaurativos' estarán presentes en 40 centros penitenciarios.

En cuanto a la reeducación, el secretario general ha ofrecido dos datos: casi 7.200 personas privadas de libertad participaron el pasado año en planes de formación para el empleo o inserción laboral; cerca de 12.000 penados y penadas tuvieron un trabajo remunerado en prisión. 

RETOS DE FUTURO

"Hay que seguir profundizando en el tratamiento y en ser capaces de ofrecer a cada persona en prisión los recursos que le permitan salir de la misma en mejores condiciones que las que tenían cuando entraron", ha destacado Ortiz entre los retos de futuro del sistema penitenciario.

También renovar la legislación penitenciaria con los cambios que se han ido introduciendo a lo largo de los años en otras normas como el Código Penal. Ha subrayado, entre otras, la regulación de la prisión permanente revisable, la nueva regulación de la libertad condicional o las reformas relativas a los delitos de terrorismo.

La Ley Orgánica General Penitenciaria debería recoger además, según el secretario general de IIPP, materias como las penas no privativas de libertad, la intervención de la víctima en la ejecución penal y la justicia restaurativa. También la actualización de las dos leyes preconstitucionales  de las que sigue dependiendo el personal penitenciario.

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