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Resolución

El órgano instructor, basándose en el informe emitido por la Comisión de Evaluación sobre el resultado de la evaluación efectuada, a la vista de todo lo actuado, formulará la oportuna propuesta de resolución.

Dicha propuesta deberá reflejar el solicitante o los solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como los programas o proyectos seleccionados y las condiciones de las subvenciones concedidas.

El órgano competente para la resolución adoptará la que proceda.

La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, haciéndose constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La resolución del órgano competente se dictará en el plazo máximo de quince días desde la conclusión de la instrucción del procedimiento, se notificará a los solicitantes y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma recurso de reposición potestativo, a partir del día siguiente a la Resolución, durante el plazo de un mes desde la fecha de la notificación y recurso contencioso-administrativo en el plazo dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.

Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar la resolución, que será de tres meses a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria, sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que es desestimatoria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La subvención concedida se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado».

El importe de la subvención concedida, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superen el coste de la actividad a desarrollar por la entidad u organización no gubernamental beneficiaria para el desarrollo del programa subvencionado.