Servicios al CIUDADANO

Procedimiento

El artículo 18.4 de la Constitución española reconoce el derecho fundamental a la protección de datos personales. El presente procedimiento tiene por objeto dar a conocer el mecanismo, en el ámbito del Ministerio del Interior, para el ejercicio de los derechos que la legislación vigente otorga a los ciudadanos.

Los derechos que se relacionan a continuación son de carácter personalísimo e independiente, de tal forma que el ejercicio de uno no es requisito para el otro, estando regulados en su aspecto material por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), cuyo desarrollo se complementa por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de esta Ley Orgánica; todo ello según dispone la Disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de derechos digitales. 

DERECHO DE INFORMACIÓN

Está recogido en el artículo 5 de la LOPD, con la salvedad que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogida en el artículo 22, de obtener datos sin consentimiento del afectado.

DERECHO DE ACCESO

Está recogido en el artículo 15 de la LOPD y sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes; siendo un derecho personalísimo se ejercerá por petición dirigida al responsable del fichero con medio que garantice su identificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 9 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El responsable del  tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de  tratamiento. Cuando el afectado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que éste solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.

La petición se resolverá en el plazo de un mes desde la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se responda de forma expresa, ésta podrá entenderse desestimada. En el caso de que el responsable del fichero no disponga de datos de carácter personal, esto deberá igualmente comunicarlo al afectado.

DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y SUPRESIÓN

Estos derechos se ejercitarán si los datos de carácter personal del afectado son inexactos o incompletos, pudiendo solicitar la rectificación y, en su caso, la supresión si lo estimase por haber pasado el tiempo de prescripción o hubiera sobreseimiento libre de la causa, etc., o si estuviese motivada por los mismos supuestos que la rectificación.

Dichos derechos se harán efectivos por el responsable de tratamiento del fichero en los diez días siguientes a la recepción. En la solicitud del derecho de rectificación deberá indicar qué datos son erróneos y la corrección que deberá efectuarse con la documentación justificativa. Igualmente, en la solicitud de supresión deberá acompañarse la documentación justificativa del dato o datos que pretende suprimir.

Se considerarán antecedentes de carácter policial los derivados de hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas, y que hayan dado origen a la instrucción de diligencias remitidas a la Autoridad Judicial.

Estos antecedentes serán susceptibles de supresión, con arreglo a las siguientes normas:

  • Supresión de oficio: Se tendrán en cuenta los plazos de prescripción de responsabilidad penal establecidos en el Código Penal.
  • Supresión a instancia de parte: Se decretará en aquellos casos en que la Autoridad Judicial haya dictado sentencia condenatoria contra el solicitante, siendo preceptiva para llevarse a efecto, la previa supresión de los antecedentes penales derivados de dicha sentencia, en el Registro Central de Penados del Ministerio de Justicia.
  • También procederá la supresión: En los casos en los que la resolución adoptada por la Autoridad Judicial sea de absolución, sobreseimiento libre o archivo. Asimismo se decretará en los casos en que, aun siendo la sentencia judicial condenatoria, hayan transcurrido cinco años, a contar desde la fecha de remisión definitiva de la pena impuesta, sin que se hayan incorporado nuevos datos desfavorables al expediente personal del solicitante.

Se podrá denegar la solicitud, aun cumplimentados los trámites establecidos en los párrafos anteriores, cuando el certificado de antecedentes penales no sea negativo o esté pendiente de juicio, cuando el solicitante se encuentre cumpliendo el plazo de suspensión de condena impuesta por la Autoridad Judicial o tenga otras responsabilidades pendientes, judiciales o administrativas, cuando tenga antecedentes policiales sin cancelar en alguno de los ficheros de cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad o en virtud de las excepciones del artículo 23 de la LOPD. En la comunicación al interesado, se hará constar los motivos por los que se le deniega, los recursos y plazos que le asisten según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los requisitos formales de los derechos de rectificación y supresión exigidos son:

  • Instancia de solicitud en la que se hagan constar los datos de filiación completos, el domicilio actual y en el caso de que se pretenda una supresión y/o anulación parciales, el antecedente concreto a que se refiera la solicitud. En el caso de ejercitar en exclusiva el derecho de rectificación, habrá que especificar a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse, acompañando documentación justificativa de lo solicitado.
  • Cuando la solicitud de supresión derive de antecedentes por infracciones penales, Certificado de las Autoridades Judiciales correspondientes o copia compulsada del mismo acreditando la firmeza de la resolución y finalización del procedimiento adoptados respecto al antecedente o antecedentes que se desean cancelar y/o anular. O no oponerse expresamente a que por parte del Órgano responsable del Tratamiento se recaben dichos datos.
  • En el caso de sanciones administrativas, certificación del órgano administrativo competente o copia compulsada de la misma que acredite el pago efectivo de la multa o estar exento de responsabilidad por los hechos que motivaron los antecedentes.
  • En caso de actuar a través de representante legal, poder de representación específico para el ejercicio del derecho de supresión.

Para el ejercicio de los derechos enumerados anteriormente deberá dirigirse a los responsables de tratamiento siguientes:

En la Dirección General de la Policía:

Jefe de la División de Documentación, Área de tratamiento documental y archivo.

C/ Julián González Segador, s/n; 28043 Madrid.

En la Dirección General de la Guardia Civil:

Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Unidad Técnica de Policía Judicial.

C/ Guzmán el Bueno, 110; 28003 Madrid.

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS

1.º Podrá ejercer estos derechos de información, acceso, rectificación y supresión ante los responsables del tratamiento mediante solicitud formal a través de los medios y formas que se disponen en el citado artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Registros oficiales presenciales y electrónicos, sede electrónica, oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes).

Las vías para ejercer sus derechos se indican además de manera amplia y específica en los siguientes enlaces:

Dirección General de la Policía

Dirección General de la Guardia Civil

2.º Del mismo modo, la persona afectada tiene derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos- AEPD- (www.aepd.es) por el contenido de la resolución que se le notifique.

3.º Previa a la reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el responsable del tratamiento no ha satisfecho correctamente sus derechos, puede solicitar una nueva valoración ante el Delegado de Protección de Datos abajo indicado de acuerdo al tratamiento objeto del derecho.

Los Delegados de Protección de Datos son:

  • Delegado de Protección de Datos de la Dirección General de la Policía
    Dirección: Calle Rafael Calvo, 33; 28010 Madrid.
    Correo electrónico: policianacional.dpd@policia.es
     
  • Delegado de Protección de Datos de la Dirección General de la Guardia Civil
    Dirección: C/ Guzmán el Bueno, 110; 28003 Madrid.
    Correo electrónico: dggc.dpd@guardiacivil.org