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Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre

POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES -Preámbulo, artículos 5 y 14, disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales(BOE núm. 274, de 12 de noviembre)

- INCLUYE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO 362/2017, DE 8 DE ABRIL (BOE núm. 86, de 11 de abril) Y POR EL REAL DECRETO 998/2017, DE 24 DE NOVIEMBRE (BOE núm. 287, de 25 de noviembre) -

 

Una vez establecida por el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, la nueva estructura de los departamentos ministeriales se hace necesario desarrollar la misma para incorporar las novedades introducidas por aquél en el organigrama actual y determinar los órganos directivos de los diferentes ministerios.

Dentro de la nueva organización, cabe destacar la distribución de funciones que se realiza entre el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública. De conformidad con el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se asignan las competencias en materia de administración territorial al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales a través de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, mientras que se atribuyen al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de la Función Pública, las relativas a la Función Pública, la Administración Digital y la Gobernanza Pública, incluyéndose en particular dentro de esta última las competencias que hasta ahora venía ejerciendo la Oficina para la Reforma de la Administración Pública.

En el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y de conformidad con el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se considera conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento del titular de la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública. La función primordial y necesaria de la actividad de este centro directivo obedece a la prioridad de desarrollar una activa acción de comunicación de la política exterior que permita al titular del ministerio coadyuvar en el refuerzo del prestigio de la posición exterior de España. Ese esfuerzo necesita de continuidad, profesionalidad, conocimiento profundo y relación con los medios. Así mismo necesita de una coordinación y una utilización más intensiva de todos los instrumentos de diplomacia pública y de su proyección en los medios de comunicación, tanto nacional como internacional. Estas específicas características obligan a que el puesto sea cubierto por un profesional de un perfil con amplios conocimientos, experiencia previa en la Administración Pública y el sector privado, especialmente en el área económica, y relación profesional con los diversos medios de comunicación, lo que requiere de unas características especiales que hacen aconsejable que su titular no tenga necesariamente que detentar la condición de funcionario.

En el ámbito del Ministerio del Interior, se ha considerado conveniente hacer uso de la posibilidad prevista en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, permitiendo que los titulares de las Direcciones Generales de Tráfico y de Apoyo a Víctimas del Terrorismo no deban ostentar necesariamente la condición de funcionario.

En el caso de la Dirección General de Tráfico, el impacto que las políticas viales producen en el desarrollo de una movilidad segura y sostenible, y su repercusión en la sociedad y la actividad económica en general, aconsejan perfilar un titular de la misma que pueda poner a disposición del Ministerio del Interior conocimientos complementarios derivados de su experiencia en el sector privado que permitan una visión más integral y comprensiva.

Respecto a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, su principal función es la asistencia y atención integral a dichas víctimas desde los ámbitos social, laboral, educativo y sanitario, entre otros, incluyendo a víctimas españolas de atentados que, con una creciente frecuencia, se vienen produciendo en el extranjero. A ello se añade el cometido de canalizar la colaboración del Ministerio del Interior en esta materia con otras Administraciones públicas y con las entidades representativas de las víctimas del terrorismo, así como con otras entidades con una creciente importancia en el establecimiento del relato del terrorismo, todo lo cual aconseja que el titular de este órgano directivo reúna experiencia en los ámbitos civil, asociativo y fundacional.

En el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, resultan especialmente relevantes las funciones desarrolladas por tres direcciones generales: la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas; la Dirección General de Migraciones; y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. El Gobierno de España es consciente del importante papel desempeñado por los trabajadores autónomos en el proceso de recuperación económica así como del apoyo que debe prestarse al emprendimiento en el marco del mercado de trabajo. En el ámbito migratorio, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ejerce funciones importantes al coordinar y gestionar programas de integración de inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados; así como respecto de la atención a los españoles en el exterior y retornados. Por último, en el ámbito de la Seguridad Social, deben destacarse las específicas funciones que lleva a cabo la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social en materia económico-financiera; en el diseño, desarrollo y mantenimiento del sistema estadístico de la Seguridad Social; o en relación con las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Por todo ello, se considera conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento de los titulares de las Direcciones Generales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social antes mencionadas.

La Oficina Española de Cambio Climático (OECC), dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es el órgano directivo que tiene atribuidas las funciones dirigidas a la prevención del cambio climático, las cuales exigen de unos conocimientos específicos y requerimientos y experiencia técnicos que justifican que su titular no sea necesariamente un funcionario público.

Así, entre otras, compete al Director de la OECC analizar y promover actividades de investigación; la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación de las políticas sectoriales; el desarrollo e implantación de tecnologías para la reducción de gases de efecto invernadero y su transferencia a las políticas de desarrollo y cooperación.

La OECC se relaciona intensamente con Naciones Unidas, y además con las instituciones europeas, administraciones públicas, ONGs, instituciones públicas y privadas y demás agentes sociales para colaborar con iniciativas relacionadas con la lucha frente al cambio climático, Asimismo ejerce asesoramiento a distintos órganos de la Administración General del Estado en los asuntos relacionados con el cambio climático.

Debe resaltarse además la carga política de sus funciones. Corresponde a la OECC formular la política nacional de cambio climático. Esta política trasciende a las competencias meramente administrativas necesarias para alcanzar los diversos sectores de la actividad económica del país, lo que requiere unos conocimientos de todos estos sectores de la actividad privada que no se exigen en el ámbito de la Administración General del Estado en ninguno de los Cuerpos de funcionarios cuyos cometidos estatutarios se correspondan con la cualificación profesional demandada en la gestión de estas áreas.

Por todo ello, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y de conformidad con el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se considera conveniente exceptuar de la reserva funcionarial el nombramiento del titular de la Oficina Española de Cambio Climático, con rango de director general.

Finalmente, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se considera conveniente, para un mejor ejercicio de las funciones encomendadas y en atención a las características que concurren en éstas, permitir que el nombramiento de los titulares de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad y la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, no se limite a los funcionarios, ampliándolo a otras personas que puedan resultar idóneas para su desempeño.

En este sentido, la agrupación de atribuciones y actividades en esas tres direcciones generales, que se realiza mediante este real decreto, aconseja no circunscribir tan solo a un cuerpo o escala funcionarial el ejercicio de las funciones a desempeñar por sus titulares sino ampliar las posibilidades de cubrir dichos puestos con personas que hayan demostrado previamente una carrera profesional, en el sector público o privado, que acrediten suficientemente la cualificación y experiencia necesarias para organizar y coordinar, entre otros, procesos tan diversos como son la elaboración y evaluación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, el desarrollo del Fondo de Cohesión Sanitaria, la ejecución de la política farmacéutica del Departamento, la planificación, el diseño y la ordenación de los programas y planes de ámbito estatal en materia de discapacidad y su coordinación con las comunidades autónomas o la coordinación de los programas de actuación en materia de servicios sociales que exigen relaciones con la sociedad civil organizada y con las entidades del tercer sector de acción social.

En el ámbito del Ministerio de Fomento se ha considerado conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento del titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, porque las características de las competencias de dicho órgano directivo revisten unas condiciones especiales. En este sentido hay que tener en cuenta el momento especialísimo en que se encuentra el mercado de la vivienda en España, así como los problemas que en el sector de la construcción ha producido la situación económica, que exige una flexible e inmediata capacidad de respuesta y de adaptación a los retos planteados, entre los que se encuentra el importante incremento de actores intervinientes en él, lo que hace necesario contar con experiencia profesional y conocimientos cualificados no sólo desde un punto de vista técnico o público de regulación del mercado sino también desde un punto de vista de los agentes privados que intervienen en el sector.

Adicionalmente hay que tener en cuenta que la política de vivienda y suelo debe considerar, además de los aspectos técnicos, aquellos otros aspectos políticos, económicos, sociales e internacionales, así como, particularmente, su integración en el marco de un desarrollo sostenible.
(Párrafos añadidos por el Real Decreto 362/2017, de 8 de abril)

En el ámbito del Ministerio de Defensa, se ha considerado conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento del titular de la Dirección General de Infraestructura dadas las funciones atribuidas a dicho órgano directivo. En efecto, tales funciones conllevan que tal cargo sea cubierto por un profesional con amplios conocimientos, experiencia previa en la Administración Pública y en el sector privado, a la par que necesitan de una continuidad y conocimiento que permitan una gestión más integral para llevar a cabo y coordinar actividades como la ordenación territorial de la infraestructura del Departamento y políticas ambientales y energéticas en este ministerio, así como la gestión de los bienes y derechos inmobiliarios, gestionando sus adquisiciones, expropiaciones y arrendamientos; todo ello debe tener en cuenta, además de aspectos de carácter técnico, otras circunstancias de índole política, económica, social e incluso internacional, lo que requiere unos conocimientos y experiencia que aconsejan no limitarlo exclusivamente a funcionarios. (Párrafo añadido por el Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre)

En su virtud, a iniciativa de los Ministros interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2016,

D I S P O N G O:

Artículo 5. Ministerio del Interior.

1. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:

  1. La Secretaría de Estado de Seguridad, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

1º La Dirección General de la Policía, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.

2º La Dirección General de la Guardia Civil, cuyo titular tendrá rango de Subsecretario.

3º La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de Subsecretaría.

4º La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

  1. La Subsecretaría del Interior, de la que dependen los siguientes órganos directivos:

1º La Secretaría General Técnica.

2º La Dirección General de Política Interior.

3º La Dirección General de Tráfico.

4º La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

5º La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

Artículo 14. Gabinetes.

1. El Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno estará integrado por un Director, con rango de Subsecretario, y un máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de Director General, y los demás con nivel orgánico de Subdirector General, pudiendo tener cuatro de ellos funciones de coordinación del resto. La Vicepresidenta del Gobierno no contará con el Gabinete a que se refiere el apartado siguiente.

2. Los Gabinetes de los Ministros estarán formados por un Director, con rango de Director General, y por un máximo de cinco asesores, con nivel orgánico de Subdirector General.

3. Los Gabinetes de los Secretarios de Estado estarán formados por un Director y un máximo de tres asesores, todos ellos con nivel orgánico de Subdirector General.

4. Los puestos correspondientes a las oficinas o unidades de prensa o relaciones sociales podrán ser cubiertos, dentro de las consignaciones presupuestarias, por personal eventual que se regirá, en todo lo relativo a su nombramiento y cese, por las mismas disposiciones aplicables al personal de los Gabinetes de los Ministros.

Disposición adicional primera. Subsistencia de adscripciones y dependencias de organismos públicos.

Las actuales adscripciones y dependencias de los organismos públicos continuarán en vigor con las modificaciones que se deriven de las previsiones contenidas en este real decreto.

Disposición adicional segunda. Referencias a los órganos suprimidos.

Las referencias del ordenamiento jurídico a los órganos suprimidos por este real decreto, se entenderán realizadas a los que por esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias o, en su defecto, al órgano del que dependieran.

Disposición adicional tercera. Delegación de competencias.

Las delegaciones de competencias otorgadas por los distintos órganos superiores y directivos afectados por este real decreto y por el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, continuarán vigentes, hasta que sean expresamente revocadas o nuevamente otorgadas.

Cuando las delegaciones de competencias que mantienen sus efectos en virtud del apartado anterior se hubiesen efectuado en favor de órganos suprimidos por alguno de los reales decretos citados, las referidas delegaciones se entenderán vigentes en favor de los órganos en cuyo ámbito de actuación se encuadre la correspondiente competencia.

Disposición adicional cuarta. Excepción en los nombramientos de Directores Generales.

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no será preciso que los titulares de las Direcciones Generales que se relacionan a continuación, ostenten la condición de funcionario, en atención a las características específicas de las Direcciones Generales:

  1. La Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.
  2. Dirección General de Tráfico.
  3. Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
  4. Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
  5. Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
  6. Dirección General de Migraciones.
  7. Oficina Española del Cambio Climático.
  8. Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.
  9. Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
  10. Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
  11. Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. (Añadida por el Real Decreto 362/2017, de 8 de abril)
  12. Dirección General de Infraestructura  (Añadida por el Real Decreto 998/2017, de 24 de noviembre)

Disposición adicional quinta. Nombramiento de los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil.

Los Directores Generales de la Policía y de la Guardia Civil, a los efectos exclusivos de su nombramiento, se regirán por lo dispuesto en el artículo 64.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En el nombramiento del Director General de la Guardia Civil se tendrá en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Disposición adicional sexta. Órganos colegiados ministeriales.

Los órganos colegiados dependientes de los distintos departamentos, cuya composición y funciones sean de alcance puramente ministerial, podrán ser regulados, modificados o suprimidos mediante orden ministerial, aunque su normativa de creación o modificación tenga rango de real decreto.

Disposición adicional séptima. Dependencia funcional de la Inspección

La Inspección General, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, dependerá funcionalmente de los órganos superiores y de la Subsecretaría del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para el ejercicio de sus funciones respecto a órganos y materias del ámbito de atribuciones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Disposición transitoria primera. Subsistencia de órganos.

Sin perjuicio de lo previsto para los órganos directivos creados por este real decreto, los restantes órganos directivos establecidos en el mismo conservarán su estructura y funciones en tanto no se proceda a su modificación.

Asimismo, los órganos de rango inferior se entenderán subsistentes y mantendrán su actual denominación, estructura y funciones, en tanto no se realicen las oportunas modificaciones orgánicas.

Los funcionarios y demás personal que resulte afectado por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto seguirán percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los créditos a los que aquellas venían imputándose, hasta que se adopten las disposiciones y medidas de desarrollo y se proceda a las correspondientes adaptaciones presupuestarias.

Disposición transitoria segunda. Titulares de órganos suprimidos.

Los titulares de los órganos superiores y directivos suprimidos por el Real Decreto 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales o por el presente real decreto, mantendrán la condición de alto cargo, desempeñando sus funciones de dirección de los servicios adscritos a los mismos, en tanto no se acuerde su cese.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los servicios comunes.

Los servicios comunes de los ministerios en los que se hayan producido transferencias de actividad a otros departamentos ministeriales, seguirán prestando los servicios al Ministerio de adscripción hasta tanto se desarrolle la estructura orgánica de los ministerios y se establezca la distribución de efectivos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Adscripción de medios personales y materiales y modificaciones presupuestarias.

1. El Ministerio de Hacienda y Función Pública adoptará las disposiciones necesarias para la adscripción de los medios materiales y el personal funcionario de los órganos suprimidos.

2. Las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en la normativa presupuestaria y, en ningún caso, podrán suponer incremento de gasto público.

Disposición final segunda. Tramitación de los proyectos de reales decretos de adaptación de estructuras orgánicas.

El Ministro de Hacienda y Función Pública, a iniciativa de los ministerios interesados, elevará al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos por los que se adapta la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales y organismos autónomos a las previsiones contenidas en este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».