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Informe sobre régimen jurídico aplicable a las videocámaras instaladas para el control y la disciplina del Tráfico

(Revista de Documentación número 21, mayo-agosto 1999)

Por parte de la Dirección General de Tráfico y como consecuencia de la promulgación del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, sobre utilización de videocámaras en lugares públicos, se formuló una consulta, en la que se planteaban varias cuestiones relacionadas con la citada Ley Orgánica: régimen jurídico aplicable a dichas videocámaras instaladas para controlar el tráfico, sometimiento o no de los medios instalados en los vehículos automóviles al procedimiento de información al público e incidencia de la normativa, tanto en el ámbito urbano como en la red de autopistas.

Respecto a dichas cuestiones, esta Secretaría General Técnica expone su parecer a través de las siguientes consideraciones:

La primera cuestión que debe aclararse es el ámbito de aplicación de la reciente normativa en materia de instalación de videocámaras, es decir, la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de viedocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y su Reglamento de desarrollo y ejecución, aprobado por Real Decreto 596/1999, de 16 de abril.

Pues bien, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 4/1997 y en su Reglamento de desarrollo y ejecución, para que dicha normativa sea de aplicación a la utilización de videocámaras deben concurrir dos circunstancias:

una de ámbito subjetivo: que las videocámaras sean instaladas y utilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; o que, siendo instaladas por otra instancia pública o privada, se encuentren controladas y dirigidas por las mencionadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
otra de ámbito objetivo: que la instalación tenga por objeto la cobertura de alguna de las finalidades previstas en el artículo 4 de la Ley Orgánica 4/1997, que básicamente se circunscriben a la prevención y, en su caso, persecución de infracciones relacionadas en la seguridad ciudadana.
Por otra parte, la Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 4/1997, contiene una referencia a la instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico, señalando que dicha instalación "se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico, a los fines previstos en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo"; asimismo, quedará sometida a la normativa en materia de tratamiento automatizado de datos de carácter personal y de protección al derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en el marco de los principios de utilización previstos en esta Ley.

Es decir, la instalación de videocámaras a los fines previstos en la legislación en materia de tráfico, debe garantizar, por una parte, el respeto a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, y de otra, su adecuación a los principios de utilización de las videocámaras contenidos en la Ley Orgánica 4/1997; principios presididos por el de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad e intervención mínima. Concretamente, la idoneidad supone que las videocámaras sólo podrán emplearse cuando resulte adecuado, en una situación concreta, para los fines perseguidos, y la intervención mínima exige la ponderación entre la finalidad pretendida y la posible afectación de los citados derechos.

Así pues, la Ley Organica 4/1997, regula el régimen jurídico aplicable a la utilización de videocámaras cuando se dan los dos requisitos, objetivo y subjetivo, antes citados; no obstante, también perfila, con carácter general, la aplicación de los principios generales en ella contenidos al ámbito de la regulación y control del tráfico, pues igualmente en este ámbito pueden resultar afectados los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En desarrollo de la Ley Orgánica 4/1997, la Disposición Adicional Única del Real Decreto 596/1999, contiene las reglas aplicables a la instalación y uso de videocámaras para las actividades de vigilancia y control del tráfico, lo cual "se realizará con sujeción a lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 4 /1997 y en la presente Disposición".

De lo hasta aquí expuesto se deduce que, con carácter general, el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, como no podía ser de otra manera, no contiene el régimen aplicable a este tipo de videocámaras, pues no se cumplen los dos requisitos, subjetivo y objetivo, expuestos al comienzo de este informe. Su instalación y uso únicamente deberán cumplir con el régimen especial previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 4/1997, y con las reglas fijadas en la Disposición Adicional Única del Real Decreto 596/1999.

Una vez aclarado el ámbito de aplicación de la normativa de referencia, se pasa a contestar, suficientemente, las concretas cuestiones planteadas:

1.- Es cierto, tal y como se señala en el escrito remitido, que la instalación y utilización de videocámaras o de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes en los Centros de Gestión del Tráfico y en aquellos lugares donde se pretendan instalar de modo fijo tales medios, así como la resolución que se dicte, quedan sometidos al régimen general contemplado en la Disposición Adicional Única del Real Decreto 596/1999. Asimismo, como ya se ha dicho, su instalación y utilización deberá estar presidida por el principio de proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad e intervención mínima.

No ocurre lo mismo con la siguiente cuestión expuesta, el procedimiento de información al público de esas instalaciones de conformidad con el artículo 22 del Reglamento de referencia. Tal y como se ha señalado anteriormente, el citado Reglamento no es de aplicación a las mismas, por lo que no son aplicables esos cauces de información al público.

2.- En conexión con esto la siguiente cuestión se refiere al no sometimiento de los medios instalados en vehículos automóviles para el control de la velocidad, al procedimiento de información al público del artículo 22 del Reglamento; se repite lo expuesto en el apartado anterior. Dichos equipos sólo deberán adaptarse a las normas previstas en la tantas veces citada Disposición Adicional Única.

3.- Por lo que se refiere a la incidencia que esta normativa puede tener en el ámbito urbano, al ser los alcaldes las autoridades encargadas del control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en este ámbito territorial, no parece que la incidencia de estas normas difiera según el territorio donde se pretenda aplicar. La Disposición Adicional Única del Real Decreto 596/1999, contiene las normas aplicables a las videocámaras instaladas para la regulación del tráfico, independientemente de quién sea la autoridad competente para ello. Dicho Real Decreto únicamente puede especificar, por respeto a las competencias organizatorias de cada Administración, la autoridad competente en el ámbito de la Administración General del Estado, en cuyo caso, las facultades recaen en el Director General de Tráfico.

4.- Finalmente, se solicita el criterio de este Centro Directivo respecto a la incidencia de esta normativa sobre las videocámaras que instalen o puedan instalar las entidades que gestionan la red de autopistas. Pues bien, en este caso, no sólo no es de aplicación el Reglamento sino tampoco las Disposiciones Adicionales citadas, pues éstas son aplicables a la instalación y uso de esas videocámaras por las autoridades encargadas de la regulación del tráfico y a los fines previstos en el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, requisitos que no se cumplen en el supuesto planteado.