Ministerio del Interior

Las personas extranjeras a cuyo favor se inicie un procedimiento para obtener un documento que les habilite para permanecer en territorio español, aquéllas a las que se les haya incoado un expediente administrativo en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre extranjería y aquellas que por sus intereses económicos, profesionales, sociales o de cualquier otra índole, se relacionen con España serán dotadas, a los efectos de identificación, de un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial.

El número personal será el identificador de la persona extranjera, que deberá figurar en todos los documentos que se le expidan o tramiten, así como en las diligencias que se estampen en su pasaporte o documento análogo, salvo los visados.

El número de identidad del extranjero, NIE, deberá ser concedido de oficio, por la Dirección General de la Policía, en los supuestos mencionados anteriormente.

En el caso de visados, la concesión de oficio sólo se aplicará en aquellos procedimientos de visados que habiliten a sus titulares a permanecer en España más de 90 días naturales en cualquier período de ciento ochenta días naturales sin necesidad de tramitar una autorización de estancia de larga duración o de residencia temporal.

La concesión de oficio no se aplicará en el caso de las personas extranjeras que se relacionen con España por razón de sus intereses económicos, profesionales o sociales, que deberán interesar de dicho órgano la asignación del indicado número, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que no se encuentren en España en situación irregular.
2. Que se comuniquen los motivos por los que solicitan la asignación de dicho número.

Para la asignación de NIE por razón de intereses económicos, profesionales, sociales o de cualquier otra índole, se admitirán las siguientes solicitudes:

• Las presentadas en España personalmente por la persona interesada, a través de las Oficinas de Extranjería o Comisarías de Policía.
• Las presentadas en España a través de representante legal conforme a derecho, a través de las Oficinas de Extranjería o Comisarías de Policía.
• Las que se presenten fuera del territorio español, deberán solicitarse a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a través de las Oficinas Consulares españolas ubicadas en el país de residencia de la persona solicitante, correspondiente a su demarcación de residencia. 

El procedimiento habrá de ser resuelto en el plazo máximo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

El procedimiento habrá de ser resuelto en el plazo máximo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. La resolución deberá ser notificada en dicho plazo, transcurrido el cual, sin haber obtenido respuesta, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

Para la asignación del citado número deberán aportar los siguientes documentos:

• Impreso de solicitud en modelo oficial (EX-15) por duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por la persona extranjera.
• Tasa modelo 790, código 012
• Original y copia del pasaporte completo, o documento de identidad, o título de viaje o cédula de inscripción en vigor.
• Comunicación de las causas económicas, profesionales, sociales o de cualquier otra índole que justifican la solicitud. 
• Cuando sea solicitado a través de una persona representante, ésta acreditará contar con poder suficiente en el que conste de forma expresa que se le faculta para presentar tal solicitud.

Nota sobre validez de los documentos públicos de extranjería: Para comprobar los requisitos necesarios relativos a la legalización y traducción para la tramitación de procedimientos en materia de extranjería puede consultar la hoja informativa de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Todas las personas extranjeras a las que se les haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un periodo superior a seis meses serán dotados de un único documento, la Tarjeta de Identidad de Extranjero, en la que constará el tipo de autorización que se les haya concedido.

La persona extranjera que se encuentre en territorio español tiene el derecho y la obligación de conservar, en vigor, la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.

Las personas extranjeras están obligadas a llevar consigo el pasaporte o documento en base al cual hubieran efectuado su entrada en España y, en su caso, el documento al que se refiere el apartado anterior, así como a exhibirlos cuando fueran requeridos por las autoridades o sus agentes, en ejercicio de sus funciones.

Será aplicable al documento mencionado la normativa vigente sobre presentación y anotación en las oficinas públicas del Documento Nacional de Identidad, cuya normativa tendrá carácter supletorio de las normas sobre utilización en España de los documentos de identidad de las personas extranjeras.

Se considerará persona indocumentada a la que se presente en dependencias del Ministerio del Interior acreditando que no puede ser documentada por las autoridades de ningún país y que desea ser documentada por España, una vez verificada la pertinente información y siempre que concurran y se acrediten razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España.

En estos supuestos se procederá de la siguiente forma: 

• La solicitud de documentación deberá efectuarse tan pronto como se hubiera producido la indocumentación.
• La petición deberá presentarse, personalmente y por escrito, ante la comisaría de Policía correspondiente.
• La persona interesada exhibirá los documentos de cualquier clase, aunque estuvieren caducados, que pudieran constituir indicios o pruebas de identidad, procedencia y nacionalidad, en su caso, para que sean incorporados a las comprobaciones que se estén llevando a cabo, y acreditará que no puede ser documentada por la oficina consular correspondiente mediante acta notarial en la que consten todos los indicios o pruebas de identidad, procedencia y nacionalidad, y que permita dejar constancia del requerimiento efectuado y no atendido. Igualmente, aportará los documentos, declaraciones o cualquier otro medio de prueba oportuno que sirvan para acreditar la concurrencia de razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o, en su caso, el cumplimiento de compromisos de España.
• En el caso de  solicitantes de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, se eximirá a la persona solicitante de la presentación de acta notarial para acreditar que no puede ser documentada por la oficina consular correspondiente, en los casos en que se alegasen razones graves que impidan su comparecencia en aquéllas, a cuyos efectos, podrá recabarse el informe de la Oficina de Asilo y Refugio.
  También se eximirá a la persona solicitante de la presentación de acta notarial para acreditar que no puede ser documentada por la oficina consular correspondiente, en los casos de las autorizaciones reguladas en los artículos 172 a 174 del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a cuyos efectos deberá presentarse el informe de la entidad pública que ostenta su tutela o medida de protección o la hubiera ostentado.
• Una vez realizadas las comprobaciones iniciales, siempre que la persona extranjera no esté incursa en ninguno de los supuestos de prohibición de entrada en España o de expulsión del territorio, si desea permanecer en España, se le otorgará por la persona titular de la Delegación o Subdelegación del Gobierno, a propuesta de la Comisaría de policía de la provincia en que se encuentre, un documento de identificación provisional, con tres meses de validez, que le habilitará para permanecer en España durante dicho periodo de tiempo, periodo durante el cual se procederá a completar la información sobre sus antecedentes.
• Completada la información, salvo que la persona extranjera se encontrara incursa en alguno de los supuestos de prohibición de entrada o se haya dictado contra ella una orden de expulsión, previo abono de las tasas que legalmente correspondan, o la persona titular de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dispondrán su inscripción en una sección especial del Registro Central de Extranjeros y le dotará de una cédula de inscripción en un documento impreso, que deberá renovarse anualmente.
  La Dirección General de la Policía expedirá certificaciones o informes sobre los extremos que figuren en dicha sección especial para su presentación ante cualquier otra autoridad española.
• En caso de denegación de la solicitud, una vez notificada ésta formalmente, se procederá a su devolución al país de procedencia o a su expulsión del territorio español.
• La persona extranjera a la que le haya sido concedida la cédula de inscripción podrá solicitar la correspondiente autorización de residencia por circunstancias excepcionales si reúne los requisitos para ello. Dicha solicitud podrá presentarse y resolverse de manera simultánea con la solicitud de cédula de inscripción.
• La cédula de Inscripción perderá vigencia, sin necesidad de resolución expresa, cuando la persona extranjera sea documentada por algún país o adquiera la nacionalidad española u otra distinta. A tal efecto, la persona extranjera estará obligada a comunicarlo en la Comisaría de policía de la provincia en la que resida, en el plazo de un mes desde la pérdida de vigencia de la misma.
• Como excepción a los párrafos anteriores, mediante orden ministerial se podrá autorizar, en las condiciones que en ella se determinen, la realización de los trámites administrativos previstos en el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social con documentos de identidad o de viaje caducados de determinadas nacionalidades si se comprueba la imposibilidad generalizada de sus titulares de proceder a su renovación ante las autoridades del país expedidor.