Ministerio del Interior

Incoado un expediente sancionador por alguna de las infracciones en las que pueda proponerse la expulsión del territorio español, la persona instructora podrá solicitar al Juez/a de Instrucción competente que disponga el ingreso de la persona extranjera en un centro de internamiento, en tanto se realiza la tramitación de dicho expediente.

El/la Juez/a, previa audiencia de la persona interesada y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones de la persona extranjera tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave de la persona extranjera, el/la juez/a valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud de la propia persona extranjera.

El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.

Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas, la persona extranjera será puesta inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del/de la Juez/a que autorizó su internamiento. Del mismo modo y por las mismas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata de la persona extranjera por el/la Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal.

No podrá acordarse el ingreso de menores de edad en los centros de internamiento. Los/las menores de edad extranjeros/as no acompañados/as que se encuentren en España serán puestos/as a disposición de las entidades públicas de protección de menores.

La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión de la persona extranjera serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.

Todas las actividades desarrolladas en los centros se llevarán a cabo salvaguardando los derechos y libertades reconocidos a las personas extranjeras por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las que fueran necesarias, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de internamiento acordada.

En particular y en atención a su situación, se garantizan a la persona extranjera internada, desde su ingreso y durante el tiempo de permanencia en el centro, los siguientes derechos:

1. A ser informada en un idioma que le sea inteligible de su situación, así como de las resoluciones judiciales y administrativas que le afecten.
2. A que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que pueda en ningún caso ser sometido a tratos degradantes o vejatorios, y a que sea preservada su dignidad y su intimidad. Las personas internadas se designarán por su nombre, salvo manifestación expresa en contrario de la persona interesada.
3. A facilitarle el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento, y en especial cuando se solicite protección internacional o cuando sea víctima de violencia de género, de trata de seres humanos o de violencia sexual.
4. A no ser objeto de discriminación por razón de origen, incluido el racial o étnico, sexo, orientación o identidad sexual, ideología, religión o creencias, enfermedad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
5. A recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser atendida por los servicios de asistencia social del centro.
6. A recibir un seguimiento médico especial, para las mujeres de las que se tenga constancia que se hallan embarazadas.
7. A que se comunique inmediatamente su ingreso o su traslado a la persona que designe en España y a su abogado/a, así como a la oficina consular del país del que es nacional.
8. A ser asistido de abogado/a, que se le proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el/la mismo/a, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique.
9. A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, personal funcionario consular de su país u otras personas, derecho que sólo podrá restringirse en virtud de resolución judicial.
10. A ser asistida de intérprete si no comprende o no habla castellano, de forma gratuita si careciese de medios económicos.
11. A tener en su compañía a sus hijos e hijas menores de edad, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.  (añadido en 2015)
12. A entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes.
13. A realizar, en el momento de su ingreso, dos comunicaciones telefónicas gratuitas: con su abogado/a y con un/a familiar o persona de confianza residente en España.
14. A presentar quejas y peticiones en defensa de sus derechos e intereses legítimos, que serán remitidas, preservando su secreto, de forma inmediata a su destinatario/a.

Mientras dure su internamiento en el centro, las personas extranjeras deberán cumplir los siguientes deberes:

1. Permanecer en el centro a disposición del órgano judicial que hubiera autorizado u ordenado su internamiento.
2. Observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones generales impartidas por la dirección y las particulares que reciban del personal funcionario y empleado en el ejercicio legítimo de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la seguridad, así como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro.
3. Mantener una actividad cívicamente correcta y de respeto con el personal funcionario y empleado, con las personas visitantes y con las otras personas extranjeras internadas, absteniéndose de proferir insultos o amenazas contra las mismas, o de promover o intervenir en agresiones, peleas, desórdenes y demás actos individuales o colectivos que alteren la convivencia.
4. Conservar en buen estado las instalaciones materiales, mobiliario y demás efectos, evitando el deterioro o inutilización deliberada, tanto de éstos como de los bienes o pertenencias de las demás personas extranjeras internadas o del personal funcionario.
5. Someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio de asistencia sanitaria y a instancia del mismo, lo disponga el/la director/a. En caso de negativa de la persona interna, será preciso recabar autorización judicial previa del Juez/a competente para el control de la estancia en el centro.

Asimismo, la persona interna deberá ser reconocida por el servicio de asistencia sanitaria si se produce un hecho excepcional que lo aconseje o se dan determinadas eventualidades en el centro que indiquen la conveniencia de ser reconocida. En caso de negativa se actuará conforme a lo establecido anteriormente.

INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A LA NUEVA PERSONA INTERNA

Las personas extranjeras tendrán derecho a ser informadas a su ingreso de su situación, haciéndoles entrega de un boletín informativo, redactado en su idioma o en otro que le resulte inteligible, con información acerca de sus derechos y obligaciones, de las normas de régimen interior y de convivencia a las que deberá ajustar su conducta, de las normas disciplinarias aplicables, de su derecho a dirigir peticiones y quejas al/a la Juez/a competente para el control de la estancia en el centro cuando considere vulnerados sus derechos fundamentales y de los medios para formular peticiones y quejas.

PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS

Las personas extranjeras internadas podrán formular las peticiones o quejas, o interponer los recursos que correspondan, ante los órganos administrativos o judiciales competentes o ante el Ministerio Fiscal. Asimismo, las personas extranjeras internadas podrán dirigir peticiones y quejas al Defensor del Pueblo y a los organismos e instituciones que consideren oportuno. En ambos casos también podrán presentarlas al propio director/a.

Las peticiones, quejas y recursos a las que se refiere el apartado anterior podrán presentarse en el propio registro del centro, de conformidad con las previsiones del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos contemplados en la citada norma. En estos casos, se facilitará a la persona interesada copia sellada de la primera página y se remitirá a la mayor urgencia a su destinatario/a, dejando constancia en el registro de la fecha y hora de su presentación, identificación de la persona interesada y destinatario/a al que se envía; ello sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a obtener copia sellada de los documentos que presenten, si los aportan y lo solicitan.

A tal efecto, todos los centros dispondrán de un libro-registro de peticiones y quejas, compuesto por impresos normalizados y debidamente numerados a disposición de las personas internas.

Las resoluciones que se adopten al respecto serán motivadas y se notificarán a las personas interesadas, con expresión, en su caso, de los recursos que procedan, plazos para interponerlos y órganos ante los que se han de presentar.

ENTREVISTA PERSONAL CON EL DIRECTOR O LA DIRECTORA

Toda persona extranjera internada tendrá derecho a solicitar una entrevista personal con el director o la directora a fin de formular peticiones y quejas sobre aspectos relativos al funcionamiento del centro, pudiendo presentarlas por escrito y, si así lo desea, en sobre cerrado, expidiéndosele en este caso el correspondiente recibo.