Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes la primera reunión de la comisión de seguimiento del II Plan de Acción de Lucha Contra los Delitos de Odio, a cuyos integrantes ha animado a profundizar el trabajo iniciado en 2018 porque “queremos que España siga siendo un referente para el resto de la Unión Europea en la lucha contra los delitos de odio”.

El II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio sucede al aprobado en enero de 2019. Elaborado a partir de las conclusiones obtenidas por la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior de aquel primer proyecto, recoge también las aportaciones de los cuerpos policiales estatales y autonómicos, de la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación y de numerosas organizaciones y asociaciones comprometidas con la defensa de colectivos vulnerables a la discriminación.

Grande-Marlaska, que ya informó al Consejo de Ministros sobre el contenido de este segundo plan de acción el pasado 12 de abril, ha calificado el proyecto como “pionero” porque “todo gira en torno al trato y protección de la víctima, todas sus líneas de actuación están diseñadas para mejorar su tratamiento y generar una mayor coordinación de las Fuerzas de Seguridad con otros actores implicados en su protección”.

El ministro del Interior también ha destacado la iniciativa de crear grupos específicos especializados en la lucha contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y las Brigadas Provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y sus unidades periféricas.

INDICADOR DE RIESGO

A continuación, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha pormenorizado a los miembros de la comisión el contenido de este segundo plan, articulado en torno a ocho líneas de acción que engloban un total de 86 medidas que persiguen una quincena de objetivos concretos.

Entre estas medidas, el secretario de Estado ha destacado la implantación de un “indicador de riesgo (IR) de delitos de odio graves o violentos”, una herramienta que permitirá que en el momento de recoger una denuncia por cualquier hecho delictivo aparezca una alerta si los hechos denunciados pueden constituir un delito de odio o discriminación.

El secretario de Estado ha aprovechado su intervención para alertar de que los delitos e incidentes de odio conocidos aumentan año a año, y ha avanzado que el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2021 estará concluido en las próximas semanas y sus datos provisionales permiten prever que el pasado año estos supuestos crecieron más de un 5 por ciento respecto de 2019.

En la reunión, el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad han estado acompañados por responsables de la Dirección General de Coordinación y Estudios y de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio.

También han asistido representantes del Ministerio de Igualdad, de la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asimismo han participado mandos de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzantza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra.

En el ámbito del tercer sector, han acudido al encuentro representantes de la Federación de Comunidades Judías de España, la Junta Islámica, el Observatorio para la Libertad Religiosa, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Federación Plataforma Trans, la Asociación de Abogados contra los delitos de odio (AACDO), la Plataforma contra el Antisemitismo, el Consejo de Víctimas delitos de Odio y Discriminación, el Movimiento contra la Intolerancia, la Fundación Pluralismo y Convivencia, la Fundación Secretariado Gitano, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali) y LGTBIpol.