Solicitud, tramitación y resolución
La actividad de protección de personas podrá ser desarrollada únicamente por escoltas privados integrados en empresas de seguridad, inscritas para el ejercicio de dicha actividad, y que habrán de obtener previamente autorización especifica para contratación de servicios de protección.
Los servicios de protección deberán ser solicitados, directamente por la persona interesada o a través de la empresa de seguridad que vaya a prestarlos, ya sean en favor del propio interesado o de las personas que tengan bajo su guarda o custodia o de cuya seguridad fuera responsable.
El procedimiento se tramitará con carácter urgente, y en el mismo habrá de obtenerse el informe de la Dirección General de la Policía, cuando sea procedente, teniendo en cuenta los lugares en que haya de realizarse principalmente la actividad.
En la solicitud, que se dirigirá al Director General de la Policía o, en su caso, al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, se harán constar los riesgos concretos de las personas a proteger, valorando su gravedad y probabilidad y acompañando cuantos datos o informes se consideren pertinentes para justificar la necesidad del servicio.
Asimismo, cuando la autorización se solicite personalmente, se expresará en la solicitud la empresa de seguridad a la que se pretenda encargar el servicio.
La Dirección General de la Policía o, en su caso, el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma competente, considerando la naturaleza del riesgo, su gravedad y probabilidad, determinará si es necesaria la prestación del servicio de protección o si, por el contrario, es suficiente la adopción de medidas de autoprotección. Los servicios de protección personal habrán de ser autorizados, expresa e individualizadamente y con carácter excepcional, cuando, a la vista de las circunstancias expresadas resulten imprescindibles, y no puedan cubrirse por otros medios.
La resolución en que se acuerde la concesión o denegación de la autorización, que habrá de ser motivada, determinará el plazo de vigencia de la misma, podrá incorporar condicionamientos sobre su forma de prestación, concretará si ha de ser prestado por uno o más escoltas privados con las armas correspondientes, y se comunicará al interesado y a la empresa de seguridad.
