Resumen ejecutivo

La realidad cambiante, y los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos en torno al fenómeno de los extremismos ideológicos como factores potenciadores del terrorismo, han generado la necesidad de que los Estados, para dar respuesta a estos retos, adapten sus estrategias frente a la radicalización violenta.

Las directrices marcadas por la Unión Europea, el mandato de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 (ESN-2017) y de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo (ENCOT-2019), han establecido el camino para que el anterior PEN-LCRV, sea revisado y adecuado a las circunstancias actuales.

El pasado día 06 de octubre de 2020, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), aprobó el Plan Estratégico Nacional de Prevención y lucha contra la Radicalización Violenta (PENCRAV) y designó al Ministerio del Interior a través del Comité Especializado contra el Terrorismo (órgano de apoyo del CSN), como responsable para su desarrollo e implementación en todo el territorio nacional, otorgando además, la coordinación de estas labores, al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

El nuevo PENCRAV, es resultado del trabajo conjunto y consensuado de la administración y la sociedad civil española, y recoge como objetivo principal, establecer un marco efectivo de prevención, conocimiento de los procesos, y tratamiento de los extremismos violentos, para lograr una sociedad más sensibilizada, consciente, segura y resiliente.

Se configura como un documento ágil y actualizado, donde se identifican distintos ámbitos transversales de actuación denominados ESFERAS, y se establecen sus correspondientes líneas de acción. Al mismo tiempo que facilita la identificación de esferas y actores responsables, permite al conjunto de la ciudadanía conocer la problemática y las acciones que, desde una aproximación conjunta de la administración, el sector privado, el ámbito académico, la sociedad civil y el ciudadano particular, se están desarrollando para minimizar la amenaza que la radicalización y los extremismos violentos representan para las sociedades democráticas.

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